Entre palmas y abucheos, los prejubilados de la provincia afectados por
la suspensión del cobro de sus rentas ante los reiterados impagos de la
Junta volvieron ayer a manifestarse frente a la sede de la delegación
provincial de Empleo, en la que los portavoces del colectivo
permanecieron encerrados cerca de siete horas mientras los responsables
de la Junta se pasaban la pelota sin ofrecer ninguna solución a su
problema.
Tras el incumplimiento del compromiso de pago
anunciado por distintos dirigentes del Gobierno andaluz en la provincia
a principios de semana, la delegada de Innovación, Ciencia y Empleo,
Angelines Ortiz, recibió ayer a una delegación de prejubilados, que le
pidió explicaciones por lo que consideran "otro engaño de la Junta", el
último de una larga lista que ha acabado con la paciencia del colectivo.
Según Juan Pedro Martín Félix, portavoz de los prejubilados de
empresas jerezanas que representan 200 de los 1.200 afectados en la
provincia, la delegada provincial se dedicó a echar balones fuera al
asegurar que "la solución no está en su mano y que el lunes se limitó a
trasladarles el mensaje de sus superiores, a los que sirvió de correo".
Tras
escuchar sus "excusas", Ortiz explicó a los prejubilados que el asunto
está en manos de altos responsables de la Junta y que los secretarios
andaluces de los sindicatos están al tanto de las gestiones que se están
realizando, extremo que negó un líder sindical regional en conversación
telefónica y que terminó por sacar de sus casillas a los portavoces de
los afectados.
"Ni los sindicatos regionales ni las federaciones
Agroalimentaria y del Metal en Andalucía saben nada y no hemos venido
aquí para que nos citen a otra reunión", señaló a media tarde Martín
Félix, uno de participantes en el encierro hasta su abandono, pasadas
las siete de la tarde. Las protestas se trasladarán el lunes a Sevilla,
en forma de acampada.
La próxima cita en la agenda de los
prejubilados para desbloquear el pago de sus rentas será hoy con el
delegado provincial de Gobernación, Fernando López Gil, el otro
responsable provincial de la Junta que el lunes anunció que se había
dado orden de pago a la aseguradora Generali, de la que dependen las
rentas de los afectados, y a la que el Gobierno andaluz adeuda unos 54
millones de euros en concepto de primas asociadas a las pólizas de
prejubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de
empleo en la última década.
En el encuentro de hoy, López Gil
comunicará también la fecha en la que la comisión será recibida en
Sevilla por el viceconsejero de Empleo, Luis Nieto, encuentro que
esperan pueda producirse el próximo lunes y en el que esperan arrancar
un compromiso, más bien una garantía, pues "hasta ahora sólo hemos
escuchado mentiras de la Junta y ya no nos fiamos de su palabra", dijo
Martín Félix. Ese mismo día, los prejubilados harán las maletas para
acampar ante la sede del Gobierno andaluz en Sevilla junto a otros
muchos de los más de 6.000 afectados en toda Andalucía.
López
Gil también quiso ayer destacar "que la Junta está trabajando en varios
frentes y la Consejería ya anunció el pasado lunes que se iba a realizar
un pago a la aseguradora y se hizo, por importe de 6,1 millones de
euros, una cantidad importante que esperábamos que sirviera para aliviar
la situación y para que se pagaran las nóminas, pero no ha sido así,
porque la deuda es mayor". Efectivamente, la Junta dio a principios
de semana la orden de pago de los seis millones de euros a la
aseguradora Generali, cantidad insuficiente para que la compañía
levantase el bloqueo de las rentas y que sirvió para hacer frente a
pagos pendientes de uno de los colectivos de extrabajadores de Delphi,
lo que Martín Félix interpretó como un intento de dividirles.
