La administración concursal acaba el plan de liquidación y abre un plazo de tres meses para recibir ofertas · Seis semanas después, habrá comprador · Contempla el arrendamiento con opción a compra
Dentro de cuatro meses y medio, la antigua fábrica de Delphi tendrá propietario. Así se desprende del plan de liquidación finalizado por los administradores concursales designados por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, al que ha tenido acceso este periódico, y que expone el nuevo escenario al que se enfrentan esas instalaciones.
Para entender el proceso hay que explicar, en primer lugar, que durante meses, el Juzgado ha intentado llegar a la denominada fase de convenio, es decir, conseguir acuerdos con los acreedores de la antigua fábrica (a quienes se debía dinero), pero la falta de fondos lo ha hecho inviable. Por tanto, la otra opción era la fase de liquidación: vender los conocidos como ‘activos’ para, con el montante obtenido, hacer frente a los pagos.
La importancia del paso conocido ahora es que, como han recordado en numerosas ocasiones los sindicatos y los propios trabajadores, desde que cerró la factoría se acordó que esos activos, la fábrica, quedarían en manos de la Junta para, a continuación, cederlos a los trabajadores. Era una forma de no perder un nicho industrial que garantizase empleos para el futuro.
Ahora, con esta decisión, quien esté interesado en hacerse con la fábrica deberá abonar el valor de liquidación pero el nuevo propietario, entre otras cosas, no tendrá que asumir la garantía de recolocación de los ex empleados de Delphi. Otra cosa es que, como han solicitado los sindicatos, sea la propia Junta la que opte a la compra.
Los administradores concursales detallan en su plan que en el inventario de los bienes y derechos que conformaban la masa activa de Delphi, después de cuatro años, “se han producido múltiples variaciones, lo que obliga a presentar los datos actualizados”. Entre esos cambios, el pago de las indemnizaciones por despido a los trabajadores, la venta de “toda la maquinaria, una parte mediante subasta y el resto como chatarra”, y el pago de “todos los créditos devengados contra la masa” (excepto los fondos aportados por DASHI -la matriz en EEUU- para indemnizaciones, 120 millones).
Según la valoración realizada en diciembre de 2009, el valor del terreno y los edificios en uso continuado o uso industrial es de 43.965.000 euros, pero el valor de liquidación es de 33.032.000 euros. Sin embargo, será necesaria, apuntan los administradores, la actualización de la valoración. Así, la propuesta para la enajenación del principal activo que posee la sociedad está dividida en tres fases.
La primera de ellas es la prospección del mercado y la recepción de ofertas no vinculantes, con un tiempo estimado de tres meses. Es un proceso competitivo que dará cabida a la mayor cantidad de potenciales inversores interesados. Además, se requerirá el pago al contado. Se identificará a los posibles inversores (nacionales y extranjeros). se abrirá el plazo para presentar ofertas (que no tendrán carácter vinculante) y se seleccionarán las tres mejores (tendrán importancia la cuantía del precio de la oferta y la solvencia de quien la presente).
Estas tres mejores ofertas pasarán a la segunda fase, donde dichas ofertas ya serán vinculantes y se podrá ejercer la venta directa al titular de la mejor de las tres. El tiempo estimado en esta fase es de seis semanas. Si la mejor oferta no alcanza el valor de liquidación según la valoración, la administración concursal pedirá autorización al Juzgado para la adjudicación.
Existe una tercera fase, la de arrendamiento como alternativa. Simultáneamente a las dos anteriores y según el interés que suscite la compra de la fábrica y de la comparación entre las ofertas de compra y las de arrendamiento, la administración concursal evaluará el arrendamiento como método alternativo de generación de rentas. Además, aclara que “el arrendamiento se ha configurado como una de las opciones que más interés ha suscitado en fases anteriores del concurso, habiéndose producido y negociado ofertas que finalmente no se han materializado”.
Por último, el plan de liquidación incluye una relación de quienes aún deben dinero a DASE (nombre de la antigua fábrica de Puerto Real) y del montante con el que se cuenta. Así, figuran la fábrica de Delphi en Polonia (con un saldo pendiente de 35.724,84 euros “muy improbable de cobrar”); Precosa, con un saldo de 86.897,34 euros (pendiente de recurso de apelación); Hacienda, con 280.535,68 euros a devolver por liquidación de IVA de 2010 y 2011; y otros 10.079,34 euros por retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.
También figura el Ayuntamiento de Puerto Real, con un total de 229.233,65 a favor de DASE por la rectificación de la liquidación del IBI de 2009. Como activos financieros, aparecen cuatro millones de euros a plazo fijo en una entidad, con vencimiento el pasado día 9 de marzo; y dos cuentas: una con 288.049,83 euros, y otra por importe de 482.095,88 euros.
