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Vallejo polemiza con el PP al pedirle más escrúpulos sobre Delphi y Santana

El consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, ha protagonizado esta tarde una polémica en el Parlamento andaluz con el PP al reclamarle “más escrúpulos” en su labor de oposición sobre Delphi y Santana, lo que los populares han considerado un insulto.

Vallejo ha enfatizado que le puede “recriminar muchas cosas” al PP porque, en su opinión, está “falto de escrúpulos” en su labor de oposición sobre la situación de estas dos empresas y ha defendido que “en política no vale todo” y que las críticas deben tener un límite.

Ha añadido que los problemas de estas dos empresas “no se pueden manosear” por la oposición porque hay “miles de criaturitas” que han perdido sus empleos y ha deplorado que el PP “intente sacar rentabilidad política” de estas crisis industriales.

“Les pido un poquito más de escrúpulos; lo que pasa es que el señor Arenas no soporta ver que los trabajadores no se movilizan contra la Junta de Andalucía y no puede aguantar que no quemen el puerto de Cádiz, pero en política no todo vale”, ha enfatizado el consejero.

El portavoz del Grupo Popular, Salvador Fuentes, quien había denunciado que 6 de las 8 empresas que según la Junta recolocarían a ex empleados de Delphi lo han negado, ha pedido replicar a lo que consideró insultos de Vallejo.

La portavoz popular en esta comisión, Ana María Rico, también ha reclamado un turno de palabra “por las alusiones fuera de tono del consejero”, que le fue negado por el presidente de la comisión, el socialista José García Giralte, quien tras varios minutos de polémica ha recordado que los turnos de intervención se habían pactado y ha espetado a los populares que “cosas peores dicen ustedes”.

Vallejo había destacado antes que Delphi decidió cerrar cuarenta plantas industriales, además de la de Puerto Real, sin indemnizar a los más de dos mil empleados, pese a lo cual, la Junta la arrancó unas indemnizaciones “razonables” para la plantilla que se iba “a quedar en la calle y sin nada”.

“Se consiguió, además, la cesión de los activos y su puesta a disposición para una reestructuración industrial, darle formación a los trabajadores y, en apenas seis meses, conseguimos diez industrias capaces de crear diez empleos, algo que no se había hecho nunca antes en España”, le ha dicho Vallejo al PP.

Respecto al expediente de regulación de empleo anunciado en Santana Motor, calificado de ” barbaridad” por el portavoz de IULV-CA, Pedro Vaquero, Vallejo ha aseverado que esta empresa “era una ruina absoluta” cuando la cogió la Junta de Andalucía y ha enfatizado que “ahora tiene más empleo y se ha diversificado la producción”.

“Ahora nos preocupa Santana porque es una gran oportunidad de futuro; hace diez años era una empresa inviable y no tenía futuro, ahora es una empresa viable en un sector con problemas”, ha apostillado.

El consejero ha asegurado que la firma privada IVECO “se va a quedar con Santana” y ha valorado “el esfuerzo de los trabajadores” que han aceptado la privatización de esta empresa pública “porque han visto que se está trabajando seriamente”.

Vallejo le ha reprochado a la oposición que “ya tenemos bastantes problemas” con la crisis financiera internacional “que han creado los americanos” para que PP e IU creen más y ha aseverado que la industria andaluza es el sector “que mejor está aguantando” la crisis.

Ha asegurado que hay más de cincuenta “industrias importantes” que se están implantando en Andalucía “en sectores punta y en plena crisis” y ha anunciado que el Gobierno andaluz remitirá a la Comisión Europea el paquete de ayudas de 4,25 millones que ha preparado para financiar a empresas viables pero con dificultades financieras.

CGT denuncia incumplimiento de promesas recolocación ex trabajadores Delphi

El sindicato CGT ha denunciado hoy el incumplimiento de las promesas de recolocación de los ex trabajadores de la cerrada planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) por parte de las empresas que se instalarán en la Bahía de Cádiz, ha indicado a través de un comunicado.

CGT, parte firmante del acuerdo de cierre de Delphi, ha señalado la “incoherencia” entre la “retórica” sustentada por la Junta de Andalucía y los hechos que a diario los trabajadores de Delphi “viven y soportan: cursos y más cursos, promesas y más promesas y ninguna realidad concreta que garantice un futuro cierto y digno para más de 2.000 familias”.

Según ha asegurado el sindicato, de las garantías que supone la Junta en los acuerdos y pactos que suscribe con las empresas, una muestra “muy significativa” es el Plan Industrial de Permanencia hasta 2010, que suscribió conjuntamente con los sindicatos CCOO y UGT, con Delphi.

En ese acuerdo normativo, Delphi “se obligaba a permanecer en la Bahía hasta 2010 y de esta manera seguir recibiendo dineros públicos”, pero la multinacional se fue de la Bahía el 4 de julio de 2007, “dejando en la estacada a más de 3.000 trabajadores entre empleo directo e indirecto y la Junta de Andalucía fue incapaz de garantizar la obligación legal que tenía de permanencia hasta 2010″.

Según CGT, los empresarios “comprometidos” para la recolocación de los ex trabajadores de Delphi tienen la libertad de establecimiento y la libertad de contratación de “quienes ellos estimen más convenientes” para ocupar puestos de trabajo que garanticen sus rentabilidades.

Por ello, han indicado que pensar que la Junta de Andalucía va a obligar a estos empresarios a la prioridad de recolocación de los ex trabajadores de Delphi, los cuales fueron “ninguneados” y “estafados” por una multinacional que también les prometió quedarse, “es creer que las Administraciones han intervenido las empresas y han decidido hacer cumplir lo que dice nuestra Constitución: economía social de mercado”.

CGT ha considerado que las responsabilidades de la Junta son concretas, ya que al igual que cualquier Administración pública, tiene la obligación de velar por el bien publico y el interés social y no entregar dineros públicos para “garantizar” las cuentas de resultados de empresarios mentirosos.

CGT ha añadido que la sociedad, los trabajadores y ciudadanos, tienen que exigir a administraciones y empresarios, que los derechos a empleos dignos, no pueden ser una “transacción fraudulenta”, para “mayor gloria electoral de unos y engorde de beneficios particulares de otros”.