El PP recurre a la “mentira y la difamación”

El PSOE acusa al PP de usar a los trabajadores de Delphi con fines electoralistas

El secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha acusado al PP de “recurrir a la mentira y a la difamación” en relación a los conflictos sociales y laborales como Delphi, con la “única intención de desgastar al PSOE”

El dirigente socialista aludió a las declaraciones realizadas este fin de semana por el presidente provincial del PP, José Loaiza, que pidió la dimisión del consejero de Innovación, Francisco Vallejo, por “mentir” en relación a las empresas que se instalarán en la Bahía de Cádiz para dar trabajo a los ex empleados de Delphi. El PP no perdona a los trabajadores Según González Cabaña, el popular “insulta a los trabajadores de Delphi acusándoles de venderse al PSOE” debido a que tiene “un trauma” porque “no le salió bien cuando intentó usarlos electoralmente” y, además, “no les perdona que firmaran un acuerdo de formación y recolocación con la Junta de Andalucía”. Alargar el conflicto A juicio del secretario provincial, el objetivo del PP es “alargar el conflicto y utilizar de nuevo a los trabajadores como infantería electoral contra el PSOE”, que se afana en dar salida a los conflictos laborales “mediante acuerdos” con los representantes sindicales y los trabajadores “a pesar de esa estrategia permanente de crispación y manipulación del PP en estos temas” Cumpliendo lo acordado Finalmente, aseguró que el PSOE se comprometió a recolocar a los ex trabajadores de la multinacional estadounidense de automoción y está “cumpliendo lo acordado”, trabajando para llevar nuevas empresas a la Bahía gaditana que aportarán “nuevas actividades industriales y nuevas tecnologías de futuro”.

CGT ante el anuncio de los incumplimientos de contratación

CGT ante el anuncio de los incumplimientos de contratación de los extrabajadores de DELPHI por parte de las Empresas que se instalarán en la Bahía, con subvenciones, ayudas e incentivos públicos.

CGT, parte firmante del Acuerdo de cierre de Delphi, ha señalado la incoherencia entre la retórica sustentada por la Junta, -la cual es la garantía de los distintos pactos suscritos: recolocaciones de fijos, empresas auxiliares y eventuales, prejubilaciones y reciclaje formativo-, y los hechos que a diario los trabajadores de Delphi viven y soportan: cursos y más cursos, promesas y más promesas y ninguna realidad concreta, que garantice un futuro cierto y digno para más de 2000 familias.

De las garantías que supone la Junta en los Acuerdos y Pactos que suscribe con las Empresas, una muestra muy significativa es el Plan Industrial de Permanencia hasta el 2010, que suscribió conjuntamente con los sindicatos CC.OO y UGT, con DELPHI. En ese Acuerdo normativo, DELPHI se obligaba a permanecer en la Bahía hasta el 2010 y de esta manera seguir recibiendo dineros públicos. Delphi se fue de la Bahía un 4 de Julio de 2007, dejando en la estacada a más de 3000 trabajadores entre empleo directo e indirecto y la Junta de Andalucía fue incapaz de “garantizar” la obligación legal que tenía de permanencia hasta el 2010.

Los empresarios “comprometidos” para la recolocación de los extrabajadores de DELPHI, tienen la libertad de establecimiento y la libertad de contratación de “quienes ellos estimen más convenientes” para ocupar puestos de trabajo que garanticen sus rentabilidades y productividades. Pensar que la Junta de Andalucía va a obligar a estos empresarios a la prioridad de recolocación de los extrabajadores de DELPHI, los cuales fueron “ninguneados” y “estafados” por una multinacional que también les prometió quedarse, es creer que las Administraciones han intervenido las Empresas y han decidido hacer cumplir lo que dice nuestra Constitución: economía social de mercado. Que lo demuestren.

Las responsabilidades de la Junta son concretas: los compromisos, acuerdos y pactos son para hacerse cumplir. Y la Junta de Andalucía, al igual que cualquier Administración pública, TIENE LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL BIEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL y no entregar dineros públicos para “garantizar” las cuentas de resultados de empresarios mentirosos.

CGT considera que la sociedad gaditana, los trabajadores y ciudadanos, tienen que exigir a Administraciones y Empresarios, que los derechos a empleos dignos y condiciones de trabajo y de vida dignos, no pueden ser una transacción fraudulenta, para mayor gloria “electoral” de unos y engorde de beneficios particulares de otros. Son derechos sociales a los cuales la sociedad gaditana no puede renunciar.

La Bahía necesita de un futuro cierto, no de “ingeniería retórica” de Administraciones Públicas.

Cádiz a 28 de septiembre de 2008

CGT-A

Thulio M. Moreno Gomes