Tres administradores concúrsales gestionan los recursos de la factoría para pagar a los acreedores y liquidarla
Ya hace más de dos años que el futuro de Delphi quedó marcado cuando la empresa pasó a estar intervenida por la autoridad judicial. El 16 de abril de 2007, la juez de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, admitió a trámite el concurso de acreedores voluntario que solicitó la empresa. Tres meses y medio más tarde, el cierre de la factoría quedó certificado con el despido de toda su plantilla. Las deudas de la empresa superaban los 200 millones de euros. Los más de 400 acreedores de la fábrica realizaron 300 impugnaciones a los créditos impagados reconocidos por los administradores concúrsales en su informe del estado en el que se encontraba la firma.
Unos meses después del cierre, la corporación Delphi hizo un intento de compra de parte de la maquinaria de la planta de producción que había obligado a cerrar en la Bahía. La oferta ascendía a 4,32 millones de euros. La Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, llegó a dar su visto bueno a esta transacción, aunque acabó por oponerse a la venta y exigió que ésta se produjera de forma transparente mediante una subasta -la que tendrá lugar entre hoy y mañana-. Posteriormente, un consorcio formado por la compañía catalana Ferbossa Industria Activa y la estadounidense Hilco, ambas especializadas en la venta de este tipo de activos, hizo una oferta de ocho millones de euros por todos los dispositivos y mostró su disposición de abonar esta cantidad en efectivo en el momento de la firma del contrato de compraventa.
Retraso
Finalmente fue la holandesa Troostwijk la que se llevó el gato al agua y se encarga de la organización de la subasta. Ésta estaba prevista en un principio para el 9 de marzo, aunque la resolución de impugnaciones pendientes obligó a retrasar la fecha de la puja. Una vez que la venta de los activos se haya realizado y tras resolución de todas las impugnaciones, los administradores concúrsales podrán alcanzar un acuerdo con los acreedores. Tras la culminación de este previsible convenio, la empresa será liquidada. Los terrenos, según el acuerdo alcanzado entre el antiguos comité de empresa y la dirección de la fábrica, pasarán a manos de los trabajadores, que los cederán a la Junta para que sea ésta la que los administre y les de uso con la implantación de una nueva industria. Todo apuntaba a que el consorcio aeronáutico Alestis ocuparía estas instalaciones, aunque finalmente no será así porque la altura de las naves no es adecuada para la producción de esta empresa, que hará la panza de un avión de Airbus.
