Así lo denuncian los propios empresarios gaditanos, quienes consideran clave aumentar en un 50% los terrenos actuales para atender la demanda, además de agilizar los numerosos trámites burocráticos
Un millar de empresas. En el supuesto más pesimista, un millar de empleos, a razón de un trabajador como mínimo por cada una de ellas. Esa es la estructura que podría desarrollarse de forma inmediata pero está paralizada por papeleo, burocracia, exceso de normativa, problemas legales... En resumen, más de 1.000 firmas no terminan de arrancar su negocio en la provincia de Cádiz porque les falta un lugar donde plantar el primer ordenador.
La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) lleva años pidiendo más suelo industrial a las administraciones (las tres -local, regional y central- tienen competencias en ello) y la carencia de metros cuadrados se acumula. Hasta el punto de que ahora mismo, para atender ese millar largo de compañías que quieren venir a la tantas veces calificada como provincia del paro habría que poner en valor otros 10 millones de metros cuadrados para naves, silos y talleres.
Así en frío, esos 10 millones no dicen mucho, pero en estos momentos, Cádiz suma 21,5 millones de metros cuadrados de oferta industrial (23,5 si le sumáramos los proyectos en marcha como el de Las Aletas en Puerto Real o el de Miralrío en Chiclana). Traducido a porcentajes, habría que incrementar en un 50% la oferta actual disponible de manera urgente. Los proyectos previstos no darían apenas abasto con las peticiones de instalaciones más urgentes.
Día tras día
La demanda, en cambio, no suele esperar. El presidente de la patronal gaditana lo explica: «Esperemos que esta situación no termine afectando a la llegada de muchas empresas porque todos los días estamos perdiendo oportunidades y todos los días hay una empresa que decide no venir. No sólo en el ámbito industrial, sino también el comercial, en el hotelero, en el turístico...».
A continuación, y como advertencia en un lugar donde cualquier empresa debería ser tratada como una reina, añade: «Una provincia como ésta, que necesita tanto el empleo y que está a la cola en todos los parámetros... y parece mentira que estemos discutiendo sobre lo negro y sobre lo blanco mientras las oportunidades al final se nos van».
La organización empresarial no exagera. Su máximo representante expone el caso paradigmático de Miralrío (o Pelagatos II), en Chiclana. La oferta de nuevos terrenos es de 500.000 metros cuadrados y, antes de ponerse en marcha, ya hay peticiones para 1,5 millones de metros. De todos modos, la queja del portavoz de la CEC esconde muchos matices tras la crítica generalizada a los distintos gobiernos implicados. Lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de Las Aletas -la gran esperanza industrial de la Bahía gaditana- podría servir de ejemplo. Allí, una serie de problemas legales procedentes de los antiguos propietarios del suelo está retrasando la puesta en marcha y desarrollo del que sería el mayor polígono de la Bahía y el tercero de la provincia (tras el del Puerto Bahía de Algeciras y el del Portal, en Jerez; y a la misma altura del de Salinas de Poniente en El Puerto), con más de un millón y medio de metros cuadrados.
Y el caso del parque en Puerto Real parece de fuerza mayor. Por lo general, la habilitación de suelo industrial se ralentiza por algo tan simple (en verdad, tan complicado) como son las aprobaciones de los planes generales de ordenación urbana de cada municipio. Los más conocidos como PGOU marcan el ritmo del desarrollo empresarial, ya que son el documento que fija el destino final de cada terreno (o cambia su uso antiguo por uno más adecuado a la actualidad: de agrícola a residencial, por ejemplo).
La complejidad de un plan urbanístico radica en que sobre su redacción opinan Ayuntamiento, Junta y Gobierno central, lo que estira los plazos tanto que, cuando está a punto de recibir la bendición plenaria, puede ocurrir que haya cambiado alguno de los gobiernos pertinentes y surjan más trabas.
Todo eso supone que se congelen planes ambiciosos de puesta en marcha de suelo efectivo como los anunciados por Diputación Provincial o por la Junta y el Estado al amparo del Plan Bahía Competitiva. No en vano, el proyecto que vino a restañar las heridas del cierre de Delphi se anunció en noviembre y su niña bonita -Las Aletas- sigue en el aire.
Al mismo tiempo, la Junta no tiene previsto nuevos espacios, más allá de los conocidos -Miralrío, en Chiclana; o el polígono de Medina-. Algo es algo: las administraciones autonómica y central (ésta última, a través de Cepes) imponen en todos los terrenos que promueven una cláusula contra la especulación de suelo industrial. En líneas generales, consiste en que un comprador debe poner en marcha su negocio en un plazo de dos años; si no, le será devuelto el dinero y perderá el suelo adquirido.
Ante la cadena de adversidades, González Saucedo reclama «a las administraciones que pongan toda la fuerza del mundo para desbloquear lo que haya que desbloquear y tiren todas del mismo carro para poder empezar a crear empleo de una vez».
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